El palacio de la injusticia

Corren tiempos muy duros y no sólo para el ciudadano de a pie, sino también para las administraciones públicas, las cuales viven tiempos de apretarse el cinturón, de paralizar las propuestas de empleo público y de dejar a un lado los proyectos de obras más o menos faraónicas que hace unos pocos años daban lustre y brillo a alcaldes y presidentes de comunidades autónomas. Es cierto que el «plan Zapatero» ha venido a sacar de la penuria a determinados regidores y regidoras, pero también lo es que en ciudades como Oviedo los ciudadanos que sufrimos en carne propia la crisis no dejamos de sorprendernos al ver como se hacen operaciones urbanísticas cuando menos curiosas.

Hace unos años vimos como desaparecía el campo de fútbol de Buenavista para «ceder» los terrenos que ocupaba aquel santuario balompédico a una empresa constituida por relevantes emprendedores asturianos y tuvimos que frotarnos los ojos cuando el Gobierno del Principado entró en la operación para adquirir, a precio de oro, las alas del mastodonte construido al efecto. Al respecto las quejas del funcionariado que ocupa tales espacios son patentes, pues se trata de un espacio incómodo y costosísimo de mantener.

En la operación del Palacio Calatrava iba incluida la parcela del Vasco, otro espacio público generado por la demolición de un vestigio de otra época, en el que se intentaron ubicar dependencias municipales, facultades de Bellas Artes, torres de viviendas, etcétera, con presentaciones del artista Calatrava a las que prestos y raudos acudían munícipes, opositores políticos, fuerzas vivas y demás personal, todos dispuestos a aplaudir y asentir a las explicaciones del arquitecto autor mientras se degustaban las viandas ofrecidas para la ocasión.

Después de que manifestaciones ciudadanas e informes de sesudos intelectuales de organismos internacionales consideraran que no era posible las torres de viviendas en el socavón del Vasco, al entender que limitaban el impacto visual de la Catedral, la portavoz municipal de la oposición en el Ayuntamiento de Oviedo nos sorprende manifestando, incluida fotografía con los empresarios hoy propietarios de la parcela, que en dicho lugar procedería construir el Palacio de Justicia de la ciudad, pues las sedes judiciales de Oviedo están dispersas y allí se juntarían todas al tiempo que se generarían no se cuántos puestos de trabajo. Todo maravillas: los empresarios se embolsan una ingente cantidad de euros por un solar con el que no saben qué hacer; a don Gabino de Lorenzo se le soluciona un problema y al presidente del Principado se le da continuidad a un «acuerdo» que había iniciado con las alas del Palacio Calatrava.

Pero estamos en crisis, en Oviedo existe un edificio destinado a Juzgados de primera instancia e instrucción, de violencia de género, Registro Civil y salas de la Audiencia Provincial, construido en el año 2001 en la calle Comandante Caballero, y con sólo cruzar la calle nos encontramos con el antiguo edificio de Llamaquique, recientemente remodelado, y en el que se ubican los Juzgados de lo contencioso-administrativo, de lo social y de lo mercantil, y en unos pocos años quedarán liberados los terrenos del Hospital Central (próximo a la Facultad de Derecho), terrenos públicos, por los que no habría que pagar absolutamente nada y sobre los que el Gobierno de la anterior legislatura, la Consejería de Justicia, a cargo entonces de IU, ya había propuesto el construir la Ciudad de la Justicia. Espacio habría más que sobrado para acometer una actuación que no se quedara pequeña y obsoleta a los pocos años, algo que muy probablemente ocurriría en el Vasco; no se malgastaría dinero público tan necesario para otros menesteres (se me ocurre ley de Dependencia, cobertura de desempleo o ayudas a pymes, por ejemplo) y se evitaría dar a la ciudadanía la impresión de que todos los estamentos políticos de la ciudad y de la comunidad autónoma acuden en auxilio de los empresarios de siempre.

El urbanismo implica hacer ciudad, de una manera racional y ajustada a derecho, y en Oviedo es tiempo de acometer actuaciones en grandes espacios que en un tiempo más corto que largo van a quedar libres; terrenos que están en la ciudad y no en las afueras y sobre los que nuestros políticos deben agudizar el ingenio, el suyo y el de sus asesores, para pensar en dotaciones públicas que permitan a los ovetenses mejorar su calidad de vida. Todo eso es incompatible con ocurrencias sin fundamento, sin estudios previos de tráfico y de previsiones de futuro, sin proyectos arquitectónicos y con un coste desmesurado sobre un terreno que previamente fue público.