La quiebra del Estado de las autonomías
Uno de los pilares fundamentales de nuestra Constitución es la organización administrativa y política del Estado en comunidades autónomas, el llamado Estado de las Autonomías, pero, salvo en algunas regiones de España, particularmente Cataluña y País Vasco, no era una demanda social de los ciudadanos que, tras la caída de la dictadura franquista, lo que deseaban fundamentalmente eran mayores cotas de libertad, de democracia y de justicia social. Sin embargo, algunos partidos nacionalistas, como el PNV, Convergencia, Unión Democrática o Izquierda Republicana, que se habían apuntado a la lucha por la democracia a última hora y se juntaron a otros en lo que se dio en llamar la Platajunta, donde también estaban el PSOE, el PCE, y algún otro pequeño partido, consiguieron que sus tesis fueran incorporadas a nuestra Carta Magna. Sin embargo, cuando los españoles aprobaron en referéndum la Constitución, nadie se imaginaba, ni siquiera los nacionalistas, la deriva que tendría, después de 30 años, aquel asunto.
Los que defendemos el protagonismo del Estado en la sociedad, por encima del mercado y otros entes que no buscan el interés general, siempre fuimos escépticos con la eficacia de la descentralización, porque las decisiones del Consejo de Ministros y las órdenes del Ejecutivo quedan tan diluidas después de pasar el filtro autonómico que muchas veces no sirven para nada. Preferíamos el sistema centralista francés, mucho mas eficaz, mas cohesionado y mas barato. Pero es que, además, hemos llegado a un estado de cosas verdaderamente alarmante. La bandera del Estado no ondea en los edificios oficiales y en la popa de los barcos en algunas CC AA, existen diferencias intolerables entre los ciudadanos españoles por vivir en distintas partes de nuestro territorio, desde imposiciones idiomáticas, cuando hay una lengua oficial común, hasta tratamientos fiscales discriminatorios. Gracias a la irresponsabilidad de los partidos mayoritarios y a los pactos que necesitaron para tener mayorías parlamentarias, algunas CC AA han conseguido, de facto, cotas de soberanismo que sobrepasan con mucho la letra y el espíritu de la Constitución. Otra vez, España puede acabar convertida en pequeños Reinos de Taifas.
Pero, quien nos iba a decir que la crisis y la desastrosa gestión económica de los políticos que nos gobiernan pondrían al Estado de las Autonomías en el disparadero, en vez de otra concepción mas racional de la administración del Estado.
Tener 17 parlamentos, algunos en regiones muy pequeñas, era un lujo, como la duplicidad de funciones administrativas o la pluralidad de policías (policía local, policía autonómica, Guardia Civil, Policía Nacional), pero mantener los servicios básicos del Estado de Bienestar, compaginándolos con las ocurrencias que los partidos políticos aprueban en el Parlamento de la nación, sin abrasar a los ciudadanos a impuestos, es imposible. Casi por unanimidad se aprobó la Ley de Dependencia y la universalización de la sanidad pública, pero no hay recursos para tanto dependiente (en el país de la picaresca hay que tener mucho cuidado con estas cosas) ni para financiar un Sistema Público de Salud que utilizan millones de personas, muchas recién llegadas, que viven en la economía sumergida y, aunque tienen ingresos, casi no aportan nada a las arcas del Estado. En algunas CC AA ya es palpable el deterioro asistencial.
Los políticos tienen un gran problema, no hay dinero y España ya no se puede endeudar mas. Para pagar sus locas iniciativas y su incapacidad para administrar cabalmente los recursos tendrán que volver a rascar los bolsillos de los ciudadanos, pero ya están vacíos.
La campaña electoral, que empezará en septiembre, será una gran oportunidad para que todos podamos ver en que manos estamos, por si aún no nos habíamos dado cuenta.
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