¿Vuelven en Asturias los cotos privados de caza?
Existe incertidumbre y preocupación en el cuerpo social de la actividad cinegética de nuestra comunidad ante el ideal instalado en el programa del partido político que rige los destinos públicos de nuestro Principado en cuanto a la caza se refiere.
Que la inviabilidad en la sostenibilidad de la caza social en Asturias se agudiza de forma constante es un hecho cierto (su problemática es de todos conocida). Queda suficientemente demostrado el deterioro que sufre este pionero y singular sistema, garante hasta la fecha (veremos cuál es su futuro, cuando menos incierto) de sus principios comunitarios.
Si se produjera una vertebración o vuelco en el actual status del ordenamiento cinegético asturiano, se llevase a efecto de bipartición cotos sociales-cotos privados, sinónimo de lo que pudiera ser un cambio sustancial de modelo de formas en el que la actividad empresarial y particular pudieran tener presencia con un marcado protagonismo, entraría el sistema estructural que mantiene la actividad venatoria en nuestra comunidad en una inflexión conceptual y de desarrollo en la valoración pragmática de sus sostenibilidad, primando los corpóreos, arraigados en la consolidación de beneficios empresariales, distintos y distantes de los actuales que tan extraordinarios resultados produjeron.
Una situación de facto que nos abocaría a una desigual capacidad competencial de gestión y aprovechamiento de las especies de caza. Sería un cambio profundo de modelo en toda regla que haría necesario una modificación o la creación y puesta en vigor de otra ley de Asturias de la caza. Una ley, la actual, que aún perdura y que data de 1989, que fue la encargada de abolir de un plumazo el 99% de los cotos privados; respaldo, desde su puesta en vigor, de un régimen de igual de oportunidades para los cazadores asturianos; todo un cambio sustancial, por aquel entonces, que había supuesto la configuración sobre la superficie de Asturias (75%) de numerosos cotos regionales de caza de naturaleza social (íntegra declaración de principios) y la pérdida de privilegios de una oligarquía cinegética.
Al respecto, algunas interrogantes se suceden y necesitan de respuesta, teniendo siempre en cuenta que las especies cinegéticas con hábitat en nuestra comunidad, tienen la consideración de patrimonio público y se encuentran vinculadas en su dominio y control a nuestra Administración, evidenciando un indudable antagonismo con la vieja teoría «res nullius» (cosa de nadie), lo que cabe preguntarse ¿procedería el Principado, su gobierno, a una desnacionalización de esta riqueza faunística, poniéndola en manos del mejor postor para su explotación directa? ¿Cuál sería la posición, el verdadero sentido que tendrían estos recursos naturales?
Por lo tanto, reserva y expectación ante lo que pueda sobrevenirnos a los aficionados a la caza. Esperemos que cualquier iniciativa que se adopte tenga características y peculiaridades en consonancia con lo que se necesita: fundamentalmente, apoyo económico a un sector que a través de su buen ejercicio tiene especial incidencia en la industria en general y en el agro asturiano. Legislación más proclive en materia de daños a cultivos y acentuar responsabilidades y consecuencias a quien corresponda en los accidentes de tráfico que producen las especies cinegéticas.
Eduardo Bros Martínez
Oviedo
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