Los médicos... ¿presuntos culpables?

En las últimas semanas hemos venido asistiendo a un debate sobre la imposición de la exclusividad a los médicos asturianos, y la posible derogación de la norma. Creo que existen argumentos en contra y a favor, y se han podido leer o escuchar todo tipo de opiniones. Hoy escribo como médico, desde mi situación, dentro del sistema y exponiendo mi punto de vista sobre el tema. Creo que la medida, que podríamos llamar «intervencionista», aunque suene mal, e impuesta (tampoco esta palabra suena bien, ¿no?…) por el anterior Gobierno socialista no ha beneficiado en nada a la sanidad asturiana. Antes al contrario, asistimos a una constante «emigración» de médicos, excelentes profesionales en la mayoría de casos, de la sanidad pública a la privada. Entre ellos, neurocirujanos, neurólogos, neumólogos, cirujanos plásticos, anestesistas, que, ante la imposibilidad de ejercer libremente su labor profesional fuera del horario de trabajo, deciden instalar, y casi siempre con éxito, su consulta privada. Son médicos que pierde el sistema público. Asistimos igualmente a una «emigración» de médicos recién formados, con los fondos del Principado de Asturias, hacia otras provincias, donde pueden llevar a cabo, libremente, (y repito conscientemente la palabra…) su actividad profesional.

Siempre se ha dicho que las comparaciones son odiosas, pero algunas lo son más que otras. Comparar la actividad profesional de un médico, que en sus manos lleva el cuidado del enfermo (bajo juramento ético nada más y nada menos), que cada día se enfrenta a la labor de tratar la enfermedad, que tiene vidas en sus manos, con la de un empleado de banca (con todo mi respeto por la profesión, por supuesto), cuyo objetivo principal es hacer circular el dinero de una forma u otra, es, sencillamente, imposible y desafortunado. Los empleados no trabajan en un banco de la competencia, pero sí en asesorías privadas en muchos casos, al igual que otros muchos profesionales, incluso de la sanidad, lo hacen en clínicas privadas de nuestra comunidad fuera de su horario. Y surge aquí de nuevo otro error de bulto. La sanidad pública y la privada no pueden ser consideradas nunca competencia, porque en cualquier sistema sanitario desarrollado se complementan de forma activa, mediante conciertos y acuerdos (también está ocurriendo en Asturias), que redundan en una mejor atención global al ciudadano, reduciendo las listas de espera de resonancia o de intervenciones quirúrgicas, por poner dos ejemplos. Pero probablemente el asunto parta de una premisa que altera uno de los principios básicos de la justicia en nuestro país: la presunción de inocencia. La mayoría de los defensores de la exclusividad considera de antemano que el médico que ejerce o va a ejercer en pública y privada va a hacer uso fraudulento de la una en beneficio de la otra. Los famosos chanchullos de los médicos, que tanto han desprestigiado a nuestra profesión. Seguro que los ha habido, los hay y los habrá; pero es labor de las autoridades sanitarias ejercer el control sobre sus profesionales, y me parece absolutamente justa cualquier sanción, incluyendo el expediente disciplinario, que se imponga al médico «descubierto» en un procedimiento ilegal. El problema es que hasta ahora, conociendo que los había, en la mayoría de casos no se han tocado, no se han sancionado, y muchas veces se mira a otro lado. El médico no puede ser «presunto culpable». Jamás. La profesión es honrosa, es vocacional. La profesión es servicio al ciudadano. La profesión es cuidar. Nadie de los que acuden a una consulta privada lo debe hacer coaccionado, y si alguien lo es, debe denunciar al culpable de tal coacción.

La medida choca frontalmente contra dos derechos fundamentales de los ciudadanos: la libertad y la igualdad. Libertad de acción en el tiempo libre, fuera del ámbito de la empresa, e igualdad con el resto de médicos de otras comunidades, con la agravante de que la desigualdad en este caso existe también dentro de nuestra Comunidad.

Considero que la supresión de la exclusividad sería beneficiosa para la sanidad asturiana, nunca perjudicial si se lleva a cabo el control adecuado. El beneficio sería incluso económico, ya que supondría dejar de pagar el complemento de exclusividad a los médicos que optasen por ejercer en la pública y la privada al mismo tiempo (unos 11.000 euros por médico al año).

El litigio ha llegado al Constitucional, es cierto, pero lleva ocho años a la espera de una resolución. Demasiado tiempo, sobre todo cuando la actual medida fue «colada» como una disposición adicional a una Ley de Presupuestos…

Creo que el Gobierno actual debe hacer pública su posición ante este asunto (decir que no se contempla en el discurso del Presidente o en el programa no quiere decir que no se apoye la medida…) a fin de zanjar el debate que ha surgido en nuestro entorno, buscando siempre la mejor atención médica posible para los pacientes asturianos.