Denuncia
Creíamos que con la llegada de la democracia el delito de opinión había desaparecido de nuestro Código Penal. Creíamos que quienes ocupan un cargo público estaban sujetos al control y a la crítica pública y publicada de los ciudadanos. Y no era verdad. El delito de opinión sobrevive en nuestros tribunales bajo el disfraz de falta de injurias o vejaciones.
El señor Cuesta Toribio, como bien sabrán, acaba de ser cesado en su cargo de director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime después de que los tribunales sentenciasen que su nombramiento había sido ilegal. Contra ese cese le cabe, como a cualquier trabajador con razón o sin ella, recurrir. Pero el 26 de julio, cuando ya intuía lo que estaba por venir, interpuso en el Juzgado de Castropol una denuncia por supuesto delito contra la intimidad y la propia imagen, así como por delito por calumnias e injurias contra los propietarios de Facebook, los administradores del grupo Apoyo a Pepe el Ferreiro y otros cuarenta y cuatro miembros de dicho grupo (que suplica sean identificados por el equipo de delitos telemáticos de la Policía judicial), así como «cualesquiera otras personas que resultaren responsables de imágenes o textos contra la persona denunciante».
¿Imágenes o textos contra un cargo público? ¿Perseguir tal cosa en los tribunales no es cargar contra la libertad de expresión? ¿No es eso penar la opinión? Y, por otra parte, ¿no están nuestros periódicos (este también) llenos a diario de textos, fotos y viñetas en contra de personas concretas?, ¿no forma eso parte de su labor de control y denuncia de la actividad de los cargos públicos?, ¿no están algunos de ellos llenos de comentarios infamantes y vejatorios contra quienes ocupan los poderes del Estado?
Pero a un periódico el señor Cuesta Toribio no se atreve a denunciarlo.
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