¡Quién dijo crisis!
De la lectura de un artículo escrito por un catedrático de Derecho Administrativo en su diario, en el que analiza y expresa su opinión acerca de la repercusión que tendrá para la población la reciente aprobación de la ley de Medidas de Agilización Procesal, se desprende que, desde el poder legislativo, constituido por representantes políticos elegidos por la ciudadanía a través de las urnas, se ponen en marcha medidas que obstaculizan o limitan las posibilidades de los ciudadanos de recurrir ante los tribunales determinadas decisiones o acciones de la Administración que puedan considerarse desproporcionadas o no ajustadas a derecho. Si las cantidades económicas de los asuntos ante los que cabe la opción de interponer recursos contra sentencias de lo contencioso-administrativo, experimentan incrementos de casi el 70% (de 18.000 a 30.000 euros) para acudir a la segunda instancia y del 400% (de 150.000 a 600.000 euros) para llegar al Tribunal Supremo, parece ser que también aumenta de manera sustancial la dificultad o capacidad de los administrados para defenderse y reclamar por la vía judicial. ¿Dónde queda el Índice de Precios de Consumo (IPC)? ¡Quién dijo crisis!
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