Acoso electoral
Está meridianamente claro lo mucho que se juegan los partidos políticos en unas elecciones y, por tal motivo, se entiende que no escatimen esfuerzos para hacer llegar sus mensajes al mayor número posible de ciudadanos, por cualquier medio a su alcance, con la esperanza de captar su voto. La sustanciosa tarta que se reparte, vía retribuciones, prebendas, privilegios, etcétera, unida a otros factores derivados del ejercicio del poder, hacen que, por encima de cualquier otra consideración, todo sea válido para alcanzar el objetivo de asegurarse un puesto en cualquiera de nuestras instituciones para los próximos cuatro años. La vocación de servicio, que siempre debería acompañar a cuantos intentan acceder a un cargo público, parece haber sido desterrada y sustituida por la ambición de perpetuarse en la política, haciendo de ésta una profesión de la que servirse.
Sin entrar en el legítimo derecho que la legislación vigente otorga a las formaciones políticas para colocar sus reclamos donde y como les parezca, dentro de las normas establecidas al efecto, siempre sería deseable que las cosas se hicieran con mesura, con costes adecuados a la situación de los tiempos y, por supuesto, con el menor agobio posible para el ciudadano. Al continuo bombardeo propagandístico al que está sometido el indefenso elector a través de todos los medios de comunicación disponibles, incluido el complemento de publicidad estática, reparto de folletos en la calle, mercados y cualquier evento que convoque a un buen número de individuos, se une el de la arraigada y mala costumbre del buzoneo directo o el envío por correo de los sobres con las papeletas de los partidos dispuestas para depositar en las urnas. Por si los sufridos ciudadanos tuviéramos poca ocupación en limpiar la multitud de propaganda no deseada que, de forma machacona y vulnerando la legalidad, nos introducen a diario en nuestros casilleros domiciliarios los de siempre, llega, para rematar el clavo, esta nueva oleada, tampoco deseada y totalmente evitable. Si para depositar el voto tenemos que acudir a las urnas correspondientes, y allí tenemos la ocasión de elegir las papeletas que a cada uno le interesen, no es de recibo que se nos mande a domicilio lo que al final terminará en la basura. Si multiplicásemos el número de electores por el número de papeletas inútiles que se reparten y por el coste de cada una de ellas incrementado con el correspondiente a su reparto, nos encontraríamos con una considerable cifra de dinero gastada inútilmente, sin ninguna justificación medianamente razonable, y que, en cualquier caso, podría tener un destino mucho más práctico.
Por elementales razones de lógica y sentido común, y si tenemos claro que el ahorro, en los difíciles momentos actuales, más que conveniente es absolutamente necesario, pongamos manos a la obra y racionalicemos el gasto en todo. Es el principio para empezar a ser creíbles.
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