Celoriu y el Defensor del Pueblo

Todos estamos de acuerdo en que una de las aportaciones más beneficiosas de y para toda sociedad o colectivo es el desarrollo de nuestros pueblos. Eso es lo que todos queremos ver en Celoriu: desarrollo urbanístico, construcción, pero todo ello defendiendo y protegiendo los derechos de los ciudadanos, no como hasta ahora. Luchamos por un crecimiento justo, para todos, y sostenible también para todos. Vemos y sentimos que actualmente este tipo de «desarrollo» ni es justo, ni es sostenible. Esto es lo que no ocurre aquí, estamos desprotegidos y nos vemos desbordados por la repercusión que la construcción masiva de viviendas ha tenido en nuestra zona. El cumplimiento de la legalidad vigente garantizaría si se aplicara la igualdad entre las distintas personas. Las de aquí están desprotegidas, y el coste proporcional de los impuestos es el mismo en la primera vivienda, que es una necesidad, que en la segunda (de la que no tenemos nada en contra), que no lo es; no es justo y los políticos lo consienten.

En los últimos años hemos sido testigos de que la situación de Celoriu se ha visto desbordada al convertirnos egoísta y artificialmente en un núcleo urbano, por una avalancha urbanística descontrolada y en demasiadas ocasiones ilegal, con consecuencias graves y negativas tales como impuestos municipales exagerados, el destrozo del pueblu, su desnaturalización, la imposibilidad de que muchas personas puedan vivir en él (por los altos e irreales precios de los terrenos y viviendas), un saneamiento obsoleto que no llega a todas las casas y sale a las playas ocasionalmente, el abandono de los caminos y la falta de servicios municipales acordes con las necesidades básicas reales.

Hemos convertido a Celoriu en un núcleo urbano, de lo cual ya no nos podemos arrepentir, es tarde, pero lo que aún estamos a tiempo de poder hacer es dar soluciones para que las consecuencias negativas que esta situación acarrea sean las menores posibles y para que con esta nueva situación nos podamos ver beneficiados todos. Tenemos que hacer ver a las autoridades competentes que las cosas hay que hacerlas por el bien de toda la comunidad, y no sólo por afán recaudatorio y para beneficio de unos pocos. A nuestro parecer, están destrozando el pueblu; lo que no queremos que pase en nuestra casa tampoco lo debemos querer para la del vecino.

Es evidente que hay gente que se ha beneficiado de ello económicamente, pero ¿es válido que ese beneficio se haya conseguido de forma ilícita? y puede que una parte haya recuperado en la gente de la zona, ¿pero cuándo?, ¿lo suficiente? Estamos convencidos de que este urbanismo no repercute proporcionalmente de manera positiva en Celoriu, ni en los celorianos, tan sólo somos espectadores de este teatro.

Los políticos que han creado y consentido todo este problema están fuera de la realidad de las necesidades y de los problemas de verdad de la gente de a pie, han perdido el norte, y uno de los mayores problemas es que no escuchan.

Uno de los grandes problemas con el que nos encontramos es que se hayan concedido presuntamente los informes técnicos y jurídicos y las correspondientes licencias a sabiendas de su ilegalidad, a lo que hay que sumar unos 15.000 m2 que presuntamente se recalificaron a suelo urbano en contra de la ley del Suelo (art. 93) del Plan de Ordenación del Litoral Asturiano y de las directrices subregionales de Ordenación del Territorio de la Franja Costera del Principado por crecer hacia la ribera del mar.

La alcaldesa de Llanes representando al Ayuntamiento de Llanes nos invita a acudir al Juzgado; en estos casos, nosotros creemos en la justicia de la gente; la otra, sabe muy bien que no es para pobres y sí para personas que ejercen el poder blindadas por el sistema injusto y hecho a su medida.

Todas estas opiniones y descontentos, tras no escucharnos en el Ayuntamiento de Llanes, se los hemos hecho saber al Defensor del Pueblo; nos referimos sobre todo a las irregularidades cometidas en las grandes construcciones acaecidas en Celoriu en los últimos seis años, es decir, a las concernientes al último PGOU aprobado en 2003. Se trata de edificaciones que, presuntamente y a nuestro juicio, infringen la legislación vigente en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio por ser presuntamente los casos constitutivos de infracciones administrativas urbanísticas y que suponen 90 viviendas que no deberían de existir y 21 millones de euros en beneficio ilícito.

El Defensor del Pueblo español nos ha comunicado que, una vez estudiada dicha queja, proceda admitirla para posteriormente pedir informe de todo a Ayuntamiento y Principado de Asturias antes de resolver al respecto.

Deseamos y animamos a los responsables de Urbanismo del Ayuntamiento de Llanes a que encuentren el tiempo suficiente y necesario en su apretada agenda para poder contestar al Defensor del Pueblo español, pues así se lo pide él mismo y no ocurra como sucede con respecto a los dos requerimientos que el Principado de Asturias les ha realizado por los mismos motivos pidiéndoles explicaciones e informes al respecto y que a día de hoy no han contestado aún, pese a que algunos requerimientos son de hace más de un año y el resto desearíamos que no fueran por el mismo camino.