Gracias, señora Arriba
Soy de la opinión de que la crítica es muy saludable, obliga a reflexionar y estimula la conciencia. Agradezco por ello a la señora Arriba las líneas que me dedica en este periódico, y paso a aclararle las dudas que plantea en su escrito, rogándole las traslade a quien ostenta la paternidad intelectual de su misiva.
Desde el año 1990 soy funcionario del Cuerpo de Letrados del Parlamento asturiano, al que accedí a través de las correspondientes pruebas selectivas. Con anterioridad (1976) pertenecía al Cuerpo Superior de Administradores de la Administración del Principado de Asturias, al que también accedí previa superación del proceso selectivo correspondiente. Soy, en consecuencia, funcionario con dos plazas en propiedad.
Antes de ingresar en la Administración ejercí como abogado (en honor a la verdad, con cierto éxito), condición que mantuve hasta el año 1982. Mi dedicación absoluta (voluntariamente asumida) a la Administración a partir de dicha fecha me supuso una considerable disminución de ingresos. Pero la cosa pública era mi vocación.
Los escritos que amablemente me publica LA NUEVA ESPAÑA no pretenden impartir clases de decencia ni de ética. Solamente son reflexiones de un ciudadano que conoce los entresijos del sistema y que, por ello, quiere contribuir humildemente a mejorarlo. Ejerzo, por tanto, mi derecho a la libertad de expresión que, le recuerdo, es la piedra angular de la existencia misma de una sociedad democrática.
No creo que el uso de tal derecho me esté vetado por el sueldo que me han asignado ni por mi situación patrimonial. Si le dijera que no necesito trabajar para vivir, ¿me inhabilitaría para opinar? ¿Tienen para usted más o menos valor las opiniones en función de la posición económica de quien las emite?
Efectivamente formo parte del sistema (usted también lo ha pretendido sin éxito en el año 2007), pero de la Administración, no del Ejecutivo, y por tanto, mi situación profesional y retributiva es la que han determinado que sea los que democráticamente han sido elegidos para dirigir la Administración.
En mis escritos defiendo a los funcionarios (lo merecen sobradamente) y publicito los privilegios de la clase política con la sana intención de que se corrijan por su extravagancia y, sobre todo, porque son los propios políticos los que se los fijan a sí mismos. ¿Considera usted apropiado que el alcalde de Quintanar de las Manzanas (nombre ficticio) decida lo que quiere cobrar con cargo al presupuesto público? ¿No sería más justo que el sueldo de ese alcalde y el del resto de los alcaldes estuviera fijado por ley con arreglo a unos criterios lógicos de población, nivel presupuestario, renta per cápita...? ¿Considera usted aceptable que los ex diputados nacionales disfruten al cese de unos privilegios exorbitantes?
Ciertamente, políticos y funcionarios cobramos del presupuesto público, pero son los primeros los que deciden lo que cobramos ambos.
Cuido siempre que mis reflexiones no ofendan a nadie. Convivo con políticos y puedo dar fe de que jamás han cuestionado mi libertad de expresión ni han intentado cercenarla apelando al importe de mis retribuciones ni a mi situación económica ni, menos aún, chantajeándome por ello. Pertenecen a esa sociedad plural, tolerante, abierta y democrática a la que la invito a integrarse sin prejuicios o discriminaciones salariales, económicas o de cualquier otra índole.
Una última precisión: no conozco a ningún ser humano en pleno uso de sus facultades mentales que haya renunciado a su salario por considerarlo excesivo (en el supuesto de que fuera cierta la cifra que baraja). Si yo lo hiciera seguramente me instruirían un expediente de incapacitación para el ejercicio de la función pública. En todo caso, por ley, los salarios son irrenunciables.
Para concluir: toda historia tiene tres versiones, la suya, la mía y la verdadera. Sinceramente creo que la mía se aproxima más a la verdad pero, como decía un presidente autonómico, lo evidente es lo más difícil de demostrar.
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