La regulación es positiva; la sobrerregulación, abusiva
Don Alejandro Huergo Lora, catedrático de Derecho Administrativo, firmaba el pasado 8 de enero una columna de opinión en este diario sobre las autorizaciones y el silencio administrativo como ayuda o traba para el desarrollo empresarial. Habla sobre los engorrosos trámites burocráticos y la idoneidad o no de suprimirlos de forma radical, y estoy de acuerdo con él, cuando, en mi opinión, llama al sentido común.
No se trata de suprimir autorizaciones necesarias por agilizar trámites, sino de suprimir aquellas totalmente innecesarias (que existen y demasiadas), y dejar aquellas que protejan a la sociedad y que ofrezcan también al empresario un respaldo y un aval a su actividad.
En el caso del sector agrario, no estoy en absoluto de acuerdo con el autor cuando considera a los cultivos transgénicos como actividad peligrosa. Y esto no es una opinión personal, la seguridad de los cultivos modificados genéticamente está avalada por opiniones científicas. En la Unión Europea es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), cuyos dictámenes son públicos y pueden ser consultados en su web http://www.efsa.europa.eu, y en España la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), los organismos competentes en la materia, y ambos coinciden en que los organismos modificados genéticamente autorizados son inocuos para la salud y el medio ambiente.
En agricultura tanto los productos fitosanitarios como los cultivos modificados genéticamente están estrictamente regulados y para su aplicación requieren de evaluaciones de riesgo ambiental y para la salud humana y animal. Y siendo esto muy positivo, burocráticamente es en muchos casos abusivo y además incongruente. Un ejemplo lo tenemos en la regulación de los llamados fitofortificantes, pues mientras registrar un producto fitosanitario (necesario para proteger algunas de nuestras producciones clave y, por tanto, de nuestra economía y alimentación) está suponiendo más de cinco años de espera, los productos que van por la vía de otros medios de defensa fitosanitaria se comercializan al día siguiente de su comunicación a una comunidad autónoma con un expediente que nada tiene que ver con los análisis y estudios requeridos para los fitosanitarios convencionales.
En el terreno de los cultivos modificados genéticamente ocurre más de lo mismo, mientras decenas de solicitudes cuentan ya con los informes favorables de los paneles científicos, la burocracia y las presiones políticas alargan los plazos de las autorizaciones hasta la friolera de 10 años.
En definitiva, nadie se libra de esta excesiva y, en ocasiones, no justificada burocracia, y es por eso que los agricultores que usamos productos fitosanitarios y sembramos cultivos modificados genéticamente también pedimos a gritos que, como dice el señor Huergo, las Cortes y el Gobierno revisen la normativa vigente para suprimir la que no esté justificada.
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