Sujetos de usar y tirar
En relación con la noticia aparecida en este diario el domingo 8 de enero sobre Fasad, la principal institución pública de apoyo a la discapacidad en nuestra comunidad, quisiera exponer un caso reciente y apoyar con él las demandas de los grupos afectados, que piden la intervención de la Consejería de Bienestar e Igualdad para acabar con esa situación.
Conozco a una persona que ha estado trabajando durante 2011 en uno de los centros que gestiona esta Fundación. Accedió a su puesto a través del Centro Especial de Empleo Albancia (sociedad limitada cuyo único accionista es Fasad), que en 2010 abrió una bolsa de empleo para el puesto de ordenanza. Presentó su candidatura, le fue comunicada su inclusión y, al cabo de unos meses, la llamaron para cubrir una baja. Posteriormente, le hicieron un contrato de un año, contrato que finalizó el día 2 de enero de 2012 y que no le han renovado. Podría pensarse que tal vez la empresa ha procedido a hacer recortes de personal a causa de «la crisis» o que tal vez no desempeñara su trabajo adecuadamente. Sin embargo, no hay constancia ni de lo uno ni de lo otro. Esta persona realizó su trabajo con responsabilidad y empeño, sin habérsele comunicado nunca ninguna queja. Por otra parte, es bien sabido que otra persona ocupa ya su lugar. Recibida la carta de despido, mi amigo, desconcertado, tuvo la «osadía» de preguntar si había algún motivo para ello. Pero no obtuvo respuesta convincente; los responsables juegan al juego de la «patata caliente». Así que no nos queda más que pensar que, o bien es una forma de evitar la contratación indefinida en su momento, o bien una forma de aprovechar las ventajas económicas que supone la contratación de un nuevo trabajador con discapacidad. Aunque estoy segura de que afortunadamente no todo el mundo es igual, sirva este caso para ejemplificar las «buenas estrategias de empleo» que ciertas entidades y/o empresas utilizan sin reparos: trabajadores igual a sujetos de usar y tirar.
Lo más indignantes es que éste y otros casos mencionados en el artículo ocurren en una entidad que recibe dinero público y es dependiente de la Consejería de Bienestar Social e Igualdad. Y que ésta aún no haya tomado cartas en el asunto, dejando la gestión de nuestro dinero público en manos de entidades cuyo funcionamiento, es francamente cuestionable.
Belén Graña Zanón
Gijón
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