La «amenaza» del señor Montoro
En la reciente reunión del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas con los titulares de las consejerías competentes en materia de Hacienda de las comunidades autónomas, el señor Montoro la finalizó, o concluyó, diciendo que se exigiría responsabilidad penal a los administradores públicos que se excedan en sus atribuciones, gastando más de lo debido, con arreglo a los presupuestos públicos que gestionan. Bien, en principio, pero sin concretar cómo y quiénes pueden ser los afectados. Ni cómo se va a hacer, y más cuando las vigentes normas penales ya establecen la correspondiente exigencia de responsabilidad penal cuando el administrador público incurre en ilícito penal. Se requiere, por tanto, precisar y determinar el nuevo tipo penal que se pretende establecer. Es decir, fijar con claridad los nuevos principios de legalidad y tipicidad, exigencia mínima de las acciones que pueden incluirse en los mismos, y determinar quiénes pueden ser los sujetos afectados y determinar sus conductas en los debidos grados de culpabilidad (dolo o culpa). Espero que el ámbito personal comprenda tanto al político como a los propios profesionales de la Administración que incurran con su conducta en alguno de los tipos que la correspondiente modificación del Código Penal y leyes penales especiales pudieran comprender. Deberá hacerse al mismo tiempo alguna o varias modificaciones legales de las vigentes normas, tanto de naturaleza administrativa como económica. Las actuales leyes permiten hacer gastos con arreglo a los distintos conceptos presupuestarios, e imponen los requisitos y reglas necesarias a las que ajustarse cuando se pretende hacer un gasto que pudiera superar la cuantía prevista inicialmente (modificaciones presupuestarias), e incluso permite hacer previsión para más de un ejercicio presupuestario (gasto plurianual), e incluso la tramitación de los gastos anticipados, cuando no estando prevista la cuantía suficiente en el actual ejercicio económico se precisa ejecutar algo y se prevé con condiciones determinadas anticipar el gasto con cargo al ejercicio presupuestario siguiente (gasto anticipado). Es decir, hay muchas reglas actuales que permiten actuar al operador administrativo, político o profesional, con determinada libertad, ajustándose a las normas, y, desde luego, no lucrándose en beneficio propio. Actuar en contra de sus normas ya tiene prevista su sanción, penal o administrativa, en las normas vigentes. Todo esto quiere decir que el ministro Montero y su equipo deben hilar muy fino para hacer la nueva regulación, no haciendo trabajar en vano a los órganos judiciales. En el ámbito de la contratación administrativa existe la figura legal del «modificado», que permite, incluso, el aumento de un determinado porcentaje del presupuesto inicial del contrato, con causas tasadas, y sujetas a informes de diversa naturaleza. La actual ley de Economía Sostenible pretende poner remedio a las aviesas intenciones que hubieran podido darse en los órganos de contratación de modificados alegres o con ánimos de tergiversar la concurrencia. Señor Montoro, lo que usted propone es muy válido, pero exige actuar con seriedad y precisión para modificar la profusa, amplia y difícil normativa concurrente de distinto carácter: administrativo, económico, penal, etcétera. Y evitar lagunas, muy posibles, con grave incidencia en el principio de la seguridad jurídica. Espero, señor Ministro, que además el ámbito personal abarque a todos los servidores públicos, cualquiera que sea su ámbito y rango: Administración central, autonómica y local. Y administración institucional, incluidas las empresas y sociedades públicas. Que abarque, asimismo, a los políticos, y a los órganos con responsabilidad de gestión en las distintas esferas del actuar administrativo. Sobre todo, señor Ministro, ojo con las sociedades y empresas públicas, en general, adscritas a todas las administraciones.
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