Bicocas de nuestros políticos
El pasado 20 de noviembre, como es bien sabido, se celebraron en nuestro país elecciones generales. Para que ello fuera posible el entonces presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, previamente tuvo que firmar el decreto de disolución de las Cortes.
El último pleno ordinario del Congreso de la pasada legislatura tuvo lugar el 22 de septiembre de 2011. Pues bien, por increíble que pueda parecer, cuatro meses largos después de aquello todavía no se ha celebrado en el Parlamento español ningún otro pleno ordinario. De hecho, no está previsto que tal cosa ocurra hasta el próximo 7 de febrero, día en que está fijada la primera sesión. Habrán pasado, pues, 138 días sin que el poder legislativo se haya reunido una sola vez en sesión ordinaria. Semejante período de inactividad plenaria no ha supuesto, sin embargo, que sus señorías hayan dejado de percibir sus sueldos un solo día. Y todo esto, en plena crisis económica y con el país en riesgo permanente de bancarrota.
Desde que se disolvieron las Cortes sólo ha habido un pleno extraordinario para ratificar el decreto de medidas urgentes. Después, las tinieblas. Pero sí, en cambio, los nuevos diputados han comenzado a devengar sus nóminas el 21 de noviembre, es decir, al día siguiente de las elecciones, a pesar de que hasta el 13 de diciembre ni siquiera se había constituido el Parlamento.
El único trabajo que han desarrollado sus señorías durante esas tres semanas remuneradas ha sido firmar el acta y hacerse la foto reglamentaria en el Congreso. Aunque para ser totalmente objetivo se puede añadir que la agotadora tarea ha consistido en recoger el iPad, el iPhone y un contrato para instalar en su domicilio, enteramente gratuita, una línea ADSL. Tres regalos que los diputados decidieron hacerse mucho antes de afrontar el calendario de sesiones plenarias, ya metidos en la segunda semana de febrero.
Mas tampoco nos creamos que una vez iniciado el curso sus señorías tomarán velocidad de crucero en sus quehaceres parlamentarios. Seguidamente van a tener otra semana de inactividad. Como es tradición, y sin que tal cosa figure en ninguna ley, los diputados y senadores acordarán –por cortesía, dicen–, la suspensión de todas las sesiones durante la semana previa a unas elecciones autonómicas. En este caso, las andaluzas, que se celebrarán el último domingo de marzo, que es el día 25.
La excusa –muy débil, por supuesto– es que así pueden participar en la campaña electoral, sin decir que la inmensa mayoría no tendrán intervención alguna en ella, dado que han sido elegidos en otras comunidades autónomas. Pero, para qué hacer diferencias: vacaciones y café para todos.
Por si esto fuera poco, sabiendo que los meses de julio, agosto y enero de todos los años son totalmente inhábiles en el Congreso, no deja de ser otro escándalo. Y que en la actualidad, con la que está cayendo en el país, puedan pasan cuatro meses y medio sin que se celebren plenos ordinarios y sin que el Gobierno sea sometido a control parlamentario alguno constituye una intolerable burla a todos los ciudadanos.
Creemos, políticos de todos los colores, que ya va siendo hora de que España empiece a remendar ciertas inmoralidades. Y éstas, en plural, lo son en grado sumo.
José Antonio Gutiérrez González
Piedras Blancas
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