¡Ojo con el Inem!
Sirva este escrito de advertencia a los que por diferentes motivos hacen uso de las oficinas del Inem, porque he tenido el triste privilegio de dar con lo más florido de la incompetencia y la testarudez funcionarial en la oficina de La Felguera y en la propia Dirección Provincial.
El 14 de diciembre de 2010, acompañado por mi esposa y con testigos de mi presencia, paso por la oficina de La Felguera para renovar prestaciones. Como es preceptivo, había que obtener el correspondiente número de orden en la máquina que al efecto hay en el pasillo. La primera dificultad está en que había que elegir entre más de seis opciones diferentes, entre las que incluso el funcionario que estaba en la mesa de información fue incapaz de averiguar cuál me correspondía, recomendándome coger números diferentes.
Cuando llegó mi turno me atiende una funcionaria que tras pedir mi DNI entra en el ordenador y me asegura que no debía acudir a la oficina hasta el 10 de mayo de 2011. Le insisto en que yo tengo una fecha marcada en mi carpeta de documentos para pasar el día de autos por el Inem. Vuelve a consultar mis datos y me interroga por mi edad, por el tiempo de prejubilación, etcétera. Dando a entender un dominio de la situación y conocimientos muy convincentes, que para mi desgracia, como iba a saber posteriormente, estaba muy lejos de poseer. Finalmente, y con la sensación de que ya estaba resultando pesado, me fui de la oficina convencido de que ella tenía razón y probablemente la Administración habría variado las normas.
El 12 de enero de 2011 recibo una carta certificada con propuesta de sanción y pérdida de una mensualidad por no haberme presentado en la oficina del Inem el 14 de diciembre. Acudo a la oficina ese mismo día y me encuentro con que la funcionaria está ausente por baja laboral, según me informa otro funcionario. Solicito ver a la responsable del servicio, la cual se desentiende de intentar solucionar el problema pero me oculta conscientemente que, según la ley de Protección de Datos, en los ordenadores del Inem quedan registrados todos los accesos que se producen a los datos personales, lo que podía probar sin ningún género de duda mi presencia en la oficina el día de autos, o bien que su subordinada habría accedido a mis datos de forma fraudulenta.
Presenté inmediatamente la reclamación correspondiente, siendo desestimada por la directora provincial del Inem, quedándome únicamente la opción del Juzgado de lo social. Contraté los servicios de un abogado que me aconsejó solicitar certificación oficial del acceso a mis datos el día 14 de diciembre. El resultado fue que la directora provincial ha tenido que identificar mediante certificado a la funcionaria que accedió a mis datos el 14 de diciembre. Por supuesto que la justicia ha funcionado y reconoce mi presencia en la oficina el día 14 de diciembre. Pero yo me pregunto qué clase de funcionarios son éstos que te ocultan datos importantes para tu defensa o que se empeñan en hacer perder el tiempo y el dinero a los ciudadanos y a la justicia con juicios innecesarios. A todo esto hay que añadir la sensación de impotencia que produce el saber que dices la verdad y que te tratan como un mentiroso, ya que la directora provincial, en resolución de 20 de abril, dice que «... dicho acceso (a mis datos personales) no implica necesariamente su presencia física en la oficina». En ese caso yo estaría mintiendo y ella debería expedientar a la funcionaria que accede de forma ilegítima a mis datos personales. ¿O no? ¿Corporativismo? Si la funcionaria accedió correctamente a mis datos solamente pudo ser a través de mi DNI en mi presencia o mediante una orden. Como la orden no existe, entonces miente la directora provincial. Así de sencillo.
Ya no me fío, y ahora, por si acaso, pido certificación escrita de mi presencia cada vez que acudo al Inem.
Tengo la certeza de que la mayor parte de los funcionarios no son así, e incluso repudian este tipo de actuaciones. Por eso creo que ya es hora de separar el trigo de la paja y que cada cual responda de sus actos, al menos ante la opinión pública.
Fernando Huergo González
Sama de Langreo
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