Las aguas públicas de Grado: ¿expolio o robo?
La venta del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua en Grado resultó ser una expropiación a la comunidad local de una parte de sus bienes. En este proceso las derechas locales han vendido algo que no era de su propiedad, pues pertenece proporcionalmente a cada uno de los vecinos. Es decir, la privatización aprobada por el Partido Popular y AIGRAS ha privado a cada vecino de su cuota parte del bien común.
El Estado liberal español no ofrece protección jurídica a sus ciudadanos cuando se trasladan al sector privado los bienes de la comunidad. Si la honradez es un valor esencial en la gestión pública, este tipo de políticas significan el mundo al revés, al privilegiar los intereses del capitalismo salvaje y permitir vender libremente el bien de todos para financiar la política económica de cuatro políticos, que olvidan ponerse al servicio del pueblo al actuar como propietarios, libres de abusar de su patrimonio.
El problema es de fondo y a largo plazo, pues enajenados los servicios públicos difícilmente son recuperables, tanto para la generación presente como para las que vienen, cuando advierten los graves perjuicios económicos infringidos. No se debe olvidar que este tipo de servicios exige la permanente optimación y puesta al día de instalaciones y tecnologías con importantes inversiones que el sector privado no queda obligado a realizar o, caso de existir algún compromiso, no siempre la empresa lo ejecuta debido a complicidades bastardas establecidas con anterioridad.
Pero en Grado la venta del servicio ha supuesto un hecho más grave. En los pliegos de condiciones el gobierno municipal acordó la limitación al alza de precio de compraventa. Cláusula perversa, por ser contraria al interés general, que penalizaba la oferta económica y excluía a las empresas interesadas si superaban el tope de cuatro millones de euros establecidos por el Partido Popular y AIGRAS. El riesgo económico empresarial quedaba reducido a cero, a la vez que los beneficios se multiplicaban para el afortunado adjudicatario. ¿Colaboracionismo con empresas privadas? ¿Saqueo de bienes públicos? La operación fue montada para asegurar el éxito económico al sector privado, por cuanto, era público y notorio, las redes, depuradoras y depósitos habían sido renovados en su totalidad y gozaban de sobrado dimensionamiento para la población, tanto presente como futura.
Transcurridos tres años de la privatización del servicio de aguas en Grado, apenas otros tantos necesita la empresa adjudicataria para amortizar los cuatro millones que les embolsó a las derechas mosconas. Dispone de diecinueve años de ganancias que le reportarán unos quince millones de beneficios. Cantidad que el Ayuntamiento dejará de recaudar, lo que irá en detrimento del bienestar de los vecinos, más de tres millones de euros del IVA, que salen directamente de sus propios bolsillos.
La pregunta sigue en el aire: ¿la venta del agua ha sido un expolio o un robo?
José Sierra Fernández
Grado
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