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En desacuerdo con el presidente del CES

21 de Marzo del 2012 - Nicolás Vázquez de Castro (Oviedo)

Como involuntario protagonista de la noticia que apareció en su periódico el pasado día 15 bajo el titular «Foristas enfrentados», quiero manifestar de entrada lo erróneo de tal afirmación, pues, como explicaré a continuación, el único enfrentamiento, y de naturaleza jurídica, es con el presidente del Consejo Económico y Social.

Pero antes de proceder a ello quisiera hacer dos precisiones: primera, no soy un «vocal casquista», lo que no significa que ello me impida hacer pública mi admiración por Francisco Álvarez-Cascos, en lo que, por cierto, coincido con una gran mayoría de sus adversarios políticos, pero que debido a mi condición de funcionario de carrera del Estado, por lo que no pertenezco a la Administración del Principado –tampoco a Foro Asturias– hay que pensar que fui propuesto para el Consejo Económico y Social debido a mi bagaje profesional, máxime al estar integrado en el grupo tercero en calidad de experto, y, segunda, no existe ninguna «denuncia», término que suele usarse para estigmatizar al destinatario de la misma, más apropiado para indicar el acceso a la jurisdicción penal, pero aquí, en cambio, lo que hubo fue la presentación de un recurso en vía contencioso-administrativa, limitándose esta jurisdicción a revisar y, en su caso, anular la actuación de la Administración, pero incluso en este último caso tratándose de ilícitos administrativos y no penales. De todas formas, el día 14 cuando se reunieron tanto la Comisión Permanente como el Pleno el recurso ya había sido desistido, con lo que ni siquiera se formuló escrito de demanda.

Y ahora vayamos al fondo del asunto. Estoy completamente de acuerdo con la manifestación que hizo a su periódico una fuente anónima del CES, en el sentido de que la reclamación al presidente por mí efectuada «se trata de una situación insólita» (insólito, ta, del lat. Insolitus. adj. Raro, extraño, desacostumbrado), de lo que se deduce que las actuaciones del presidente del CES efectuando nombramientos al margen de lo dispuesto en la ley y reglamento que lo regulan no son raras, extrañas o desacostumbradas y contra esa conducta, que no podía tolerar, es exclusivamente contra lo que he reaccionado, de lo que se colige que tal actuación no es ir contra Foro Asturias, salvo que el presidente se haya afiliado.

En enero el presidente del CES publicó en la página web oficial del Consejo (según la normativa el presidente es el único que tiene atribuida tal facultad) los nombramientos de vicepresidente, miembro de la Comisión de Sanidad y presidente de la misma, que ciertamente recayeron sobre una persona propuesta como miembro del CES por el Principado, pero esa concreta designación no es el motivo de la impugnación presentada por mí, pues con cualquier otra hubiera obrado de la misma manera, sino que el procedimiento seguido para ello no era el legalmente previsto y éste consiste en que el grupo tercero de entre sus ocho miembros hace una propuesta para los cargos, luego pasa a la Comisión Permanente y después al Pleno para su aprobación, tras lo que ya se puede publicar el acuerdo.

Por tanto, la impugnación no es contra la persona designada, sino contra el hecho de que el presidente en el nombramiento prescindió de los miembros del grupo tercero, de Comisión Permanente y del Pleno, lo que a mi juicio, aparte de una usurpación de funciones, conlleva un menosprecio hacia los componentes del citado grupo que no pudieron presentar sus posibles candidaturas para los puestos vacantes y menos examinar las postulaciones existentes antes de proceder a la elección de alguna.

Como dicen en su periódico al explicar la composición del llamado tercer grupo, dentro de él, además de los cuatro miembros propuestos por la Administración autonómica, existen dignísimos miembros –un catedrático de Universidad, dos alcaldes de importantes municipios y uno de la economía social– que pueden ser adecuados candidatos para acceder a los puestos en cuestión, sin que sea lícito que se les pueda cercenar esta posibilidad por el hecho de que, según la fuente anónima antes aludida, «la costumbre era aprobar las designaciones planteadas desde el Gobierno regional», siendo necesario hacer también aquí dos precisiones: primera: las facultades de dicho Gobierno empiezan y terminan con la proposición de cuatro miembros para formar parte del Pleno, si este lo aprueba y nada más, pues posteriormente rige el principio de independencia del CES en todas sus funciones, y, segunda: jamás he visto dicha propuesta y la he pedido varias veces, incluso formalmente por escrito en mi calidad de miembro de la Comisión Permanente para que fuera aportada.

Por último, tampoco es completamente exacto que se decidió estimar la reclamación, puesto que el recurso de reposición contra el acuerdo lo interpuse ante el que lo había dictado, es decir, el presidente de la entidad, y este aún no lo ha resuelto en la forma prevista en la ley. Sí es cierto que hubo el día 14 en el seno de la Comisión Permanente un debate que posteriormente ante el Pleno el presidente calificó como intensísimo, y en él frente a la postura sostenida por mi parte, el presidente y el secretario defendieron porfiadamente la validez de los nombramientos que figuraban en el acuerdo impugnado, quizás intentando que alguien legitimara su actuación, claudicando sólo de sus posturas tras las manifestaciones de los representantes de CC OO y UGT, en el sentido de que lo correcto sería que, en efecto, los miembros del grupo tercero propusieran a las personas que deseaban que ocuparan los puestos vacantes para su posterior sometimiento al Pleno para la aprobación, en su caso.

La impugnación, por tanto, no es contra la persona de Foro designada, sino contra el método empleado por el presidente para el nombramiento. Por ello, el mismo día 14, al concluir las sesiones de la Comisión Permanente y del Pleno, presenté por escrito ante quien correspondía mi renuncia formal que hacía efectiva en ese mismo momento como miembro del Consejo Económico y Social, con independencia de cuándo se efectuara su publicación en el BOPA, por desacuerdo con el modo de actuar, convertido en costumbre, del presidente del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias.

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