A propósito del edificio del Banco de España

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) define periodismo como «captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus formas y variedades».

Periodista, a su vez, está definido como «persona legalmente autorizada para ejercer el periodismo» en primera acepción, en segunda podemos leer «persona profesionalmente dedicada en un periódico o en un medio audiovisual a tareas literarias o gráficas de información o de creación de opinión».

Es decir, que parafraseando intencionadamente a aquella podemos decir que periodista es la persona que capta información –en cualquiera de sus formas y variedades– y la trata, por ejemplo, de forma escrita. Siguiendo este hilo de argumento podríamos llegar a afirmar que la labor de los periodistas es captar información, puede circunscribirse a escuchar conversaciones, opiniones e incluso deseos de otros interlocutores y plasmarlo en un escrito para crear opinión.

En nuestra modesta opinión, este hilo argumental carece de veracidad. Y esto es así debido a que intencionadamente evito introducir el significado de información. Información, según la RAE, está definida (en su quinta acepción, que parece la aplicable en este contexto) como «comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada». Es decir, la información debe educar, ampliar el conocimiento. Por lo tanto, un periodista debe informar, ampliar el conocimiento de, en este caso, sus lectores para que éstos puedan formar su opinión. Para mí, la inmensa mayoría de los periodistas profesionales tiene este principio como criterio para realizar su labor.

Pero como en todas las profesiones hay excepciones, bien por intención secundaria oculta, bien porque todos somos humanos y a veces nos podemos equivocar, en este segundo epígrafe me gustaría catalogar la columna de opinión «Sin gaita ni tambor» publicada en LA NUEVA ESPAÑA de día 8 de marzo de 2012, firmada por Luis José de Ávila.

En esta columna se dice expresamente a) «con los recortes, digo, el Banco de España (BdE) estudia cerrar su delegación en nuestra comunidad al igual que lo ha hecho en otras muchas al no tener prácticamente misión alguna que realizar salvo la venta de moneda para coleccionistas o la recogida de antiguas pesetas para cambiar por euros»; b) «para el Banco de España resulta oneroso mantener una delegación del tamaño y capacidad de la de Oviedo» y e) «se da, incluso, la circunstancia de que ni la Delegación de Hacienda puede acometer la restauración de los mosaicos de Antonio Suárez que decoran su interior y que se están deteriorando a pasos agigantados hasta el punto de que hay ocasiones en que se desprenden teselas del mismo y que las limpiadoras suelen recoger y guardar con mimo».

Lo primero, y como el autor ya conoce debido a su evidente y conocido currículum en la prensa asturiana, una persona cabal debe informarse antes de realizar una afirmación en un medio público. El BdE, en un lugar tan inaccesible como en su sitio web, indica claramente sus funciones y los servicios que ofrece. El autor haría bien en leer un poco de información antes de realizar afirmaciones que denotan su escaso conocimiento en estos aspectos. No deja de ser triste saber que un ciudadano renuncie tan fácilmente a sus derechos. Además, le notifico que el BdE redujo su presencia, en su momento, a una sucursal por autonomía.

Un apunte más a este respecto. Un cierre de sucursal implica que las tareas realizadas en el BdE se lleven a cabo por empresas privadas. Estas no solamente necesitarán un local acorazado, sistemas de transporte, personal propio, etcétera, sino que además deben contratar un seguro para cubrir las posibles incidencias indeseadas. Claramente, las empresas lo repercutirán todo en su factura al Estado. Evidentemente, a los onerosos costes del BdE habrá que añadir, por supuesto, el beneficio industrial. Nada, una bagatela que suele rondar el 10 por ciento, y que en estos contextos oligopólicos –recordar el número de posibles empresas candidatas– la cifra podría ser mayor.

Tampoco se expresa claramente acerca de la estructura financiera estatal, dado que mezcla la Delegación de Hacienda con el texto del BdE. Este texto da lugar a ambigüedades que un autor de opinión debe taxativamente evitar. Me gustaría informar a la sociedad que la Delegación de Hacienda pertenece a la Administración Pública, mientras que el Banco de España es el banco del Estado español. Ambas entidades son independientes, y en una gestión diáfana de los recursos estatales nada tienen que ver los presupuestos de unos con los de los otros.

Contradictoriamente, el autor sí se informa de aspectos realmente relevantes en todo este asunto. Tal y como indica, se ha documentado sobre el trato exquisito que el personal de limpieza aplica a las teselas desprendidas. Ya estoy más tranquilo: todo ciudadano que se precie considerará que es mucho más importante en tiempos de crisis saber que se guardan con mimo dichas teselas antes que disponer de una oficina donde con acceso a servicios como información de riesgos, certificados y firma electrónica, declaración de transacciones con el exterior, registro de agentes y de entidades, información estadística y biblioteca, por citar algunos ejemplos.

Para acabar, simplemente comentar la gran aportación que el autor se hace eco a una situación tan grave como la del edificio del Banco de España en Oviedo y sus onerosos costes de mantenimiento. Tal y como afirma Luis José de Ávila, edificio como aquél –con tan monumentales costes de mantenimiento– es perfecto para la Fundación Príncipe de Asturias. Por supuesto, hay que reconocer que es perfecto para ello. Sin embargo, ¿quién financia dicha Fundación? Según recoge el sitio web de la misma, «la financiación de la institución procedió en un 77 por ciento de aportaciones privadas y de los ingresos financieros generados por su patrimonio y, en un 23 por ciento, de aportaciones públicas». Por supuesto, el presupuesto de la misma es sin tener que hacerse cargo de tan oneroso edificio, lo que implicará un aumento de aquellos. En definitiva, los ciudadanos perderemos servicios y pagaremos más. Esto promete.