«Está claro que no van a prisión por robar un paquete de folios», según la investigación

María Jesús Otero, a la salida del Juzgado, a punto de entrar en el furgón que la llevó a Villabona / Ángel González

El grueso principal del interrogatorio al que se sometieron Marta Renedo y María Jesús Otero versó sobre los contenidos de las escuchas telefónicas. La juez fue «pinchando» cintas y pidiendo a las acusadas que aclararan su contenido. «¿Se reconoce usted aquí? ¿Y qué tiene que decir sobre esto?», preguntaba Ana López Pandiella.

Una vez finalizado el interrogatorio, que se prolongó durante casi todo el día, la titular del Juzgado de instrucción número 4 de Gijón dictó prisión provisional, comunicada y sin fianza para María Jesús Otero, que declaró durante dos horas, por cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones fiscales y negociaciones prohibidas para funcionarios. Sobre la ex número dos de Riopedre, ayer trascendió que María Jesús Otero habría cerrado recientemente una operación inmobiliaria en Llanes con los propietarios de Almacenes Pumarín por un montante que rondaría los trescientos mil euros. La funcionaria Marta Renedo siguió la misma suerte que Otero: prisión provisional, comunicada y sin fianza. En su caso, por los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, fraudes y exacciones fiscales como cargos de mayor gravedad, junto a otros delitos previos cometidos para poder practicar los anteriores: suplantación de personalidad, falsificación de documentos privados y sustracción de datos protegidos, entre otros. Ambas acusadas habrían participado también, al menos según lo que se desprendió del interrogatorio, en la negociación de comisiones ilegales.

Los letrados de la defensa de María Jesús Otero y Marta Renedo se mostraron disconformes con la decisión de la juez. Ambos anunciaron que recurrirán el auto de prisión de la juez, algo que ya ha hecho Sergio Herrero, defensor de José Luis Iglesias Riopedre. Ángel Bernal, letrado de María Jesús Otero, señaló: «Estudiaré con detalle el auto, pero a primera vista es injustificado, desproporcionado e inhumano; no tiene razón de ser por lo poco que hay. No hay delito con contrataciones ni adjudicaciones, se da todo por supuesto; a mi modo de ver, sin justificación alguna. Lo que se expuso no tiene razón de ser. Ella se explicó perfectamente y no hay atisbo ninguno de contrataciones irregulares». Sobre su clienta añadió: «La he visto muy serena, porque sigue diciendo que no hizo absolutamente nada». Bernal, que no comparte la decisión de la juez ni de la fiscal y la acusación particular, señaló: «La prisión provisional se pide por riesgo de fuga y de ocultación o destrucción de pruebas y la fiscal no explicó nada, de nada, sobre los requisitos que se exigen... nada, ni un supuesto riesgo de fuga ni ocultación de pruebas. No me parece una decisión correcta, es absolutamente desproporcionada».

Luis Tuero, abogado de Marta Renedo, pidió «serenidad» a la actuación judicial. «La prisión provisional tiene unas funciones constitucionales y, según esas, no comparto la decisión. Está claro que esta chica no ha cambiado su patrimonio, su domicilio... Ella había solicitado declarar ante el fiscal jefe y ante el Juzgado hace once meses, y no parece que el riesgo de fuga o de ocultar pruebas pueda darse ahora, cuando desde hace once meses se conocía la imputación».

Fuentes de la investigación dieron la réplica a los letrados. A una pregunta sobre la posibilidad de que la trama se dedicara también a negocios que fueran más allá del suministro de muebles y material de papelería, fuentes de la investigación judicial señalaron: «Lo que está claro es que no están detenidos y en la cárcel por haber robado unos paquetes de folios».

Los dos empresarios implicados en la trama: el propietario de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, y el dueño de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz Menéndez, comparecerán hoy en el Juzgado gijonés para declarar ante López Pandiella. Será a partir de las diez de la mañana.