Areces y Fernández cruzan airados reproches por cómo el Gobierno y el PSOE llevan el caso

MALOS AIRES EN LA JUNTA. Areces, en la imagen junto a la consejera María José Ramos, ya protagonizó algún roce con Javier Fernández, a la derecha, junto a Fernando Lastra, por culpa de la candidatura. La fotografía se tomó en la Junta General después de que en febrero de 2010 la FSA anunciase que Fernández quería ser candidato / Archivo

Vicente Álvarez Areces, presidente del Principado, y Javier Fernández, secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y su «número uno» en las próximas elecciones autonómicas, mantuvieron el martes una airada discusión telefónica después de que el propio Javier Fernández ofreciese públicamente su opinión sobre la detención del ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, de dos ex altos cargos de la Administración y de dos empresarios, todos ellos acusados de varios delitos como prevaricación o cohecho.

Areces echó en cara a Fernández que tanto él como Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, en la que el Presidente delegó la explicación del caso, no esgrimieran de forma contundente en sus comparecencias el principio de la presunción de inocencia de Riopedre. Pero el Presidente tampoco ha defendido la presunción de inocencia de su más fiel colaborador y amigo desde hace 27 años. De hecho, la única consejera que esgrimió la presunción de inocencia fue Noemí Martín, de IU. La FSA critica a Areces que no haya dado la cara.

El jefe del Ejecutivo asturiano también se quejó a Fernández de la rotundidad con la que la FSA ha marcado distancias con el Gobierno. «No nos corresponde defender la honorabilidad ni el nombre de esas personas, que lo hagan ellos», o «no tenemos nada que temer; a nosotros que nos registren» fueron algunas de las frases con las que Javier Fernández, secretario general de la FSA, dejó muy claro que «no estamos hablando de un caso de corrupción política, en el que pueda existir algún tipo de trama», en una clara referencia a que el partido no está contaminado por este asunto.

Al tiempo, desde círculos cercanos al Presidente se asegura que Areces está «noqueado» tras ver salir esposado de los Juzgados de Gijón, con dirección a la cárcel de Villabona, a Riopedre, responsable de Educación hasta que dimitió el pasado mes de agosto, junto a su «número dos», María Jesús Otero, directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras, también detenida.

A pesar del estado de ánimo del Presidente, y según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el martes Areces y Fernández protagonizaron una airada discusión en la que también hubo reproches del secretario general socialista al Presidente. Fernández se quejó a Areces de la manera en la que el Ejecutivo está gestionado de cara a la opinión pública el caso de Riopedre, como que el Presidente aún no haya dado explicaciones públicas. Y es que el martes en un acto oficial Areces eludió valorar la detención de Riopedre y se remitió a una rueda de prensa que iba a ofrecer Ana Rosa Migoya. En la FSA tampoco ha gustado nada que el Gobierno mantuviera en sus explicaciones oficiales que todos los sistemas de control de la Administración han funcionado.

La FSA, según argumentó el martes Javier Fernández, comprende que las detenciones generen «inquietud» social y quiere que la respuesta que se dé demuestre a los ciudadanos que el partido no tiene nada que ocultar. Todo esto se produce con una elecciones autonómicas y locales a la vuelta de la esquina y con un ambiente poco favorable a los intereses electorales de los socialistas en todo el país, a tenor de las encuestas sobre intención de voto que se han ido conociendo en las últimas semanas.

Pero el Presidente no sólo está molesto con el partido. También lo está con la tibieza con la que su propia portavoz defendió la figura de Riopedre. «El que sea inocente tiene la oportunidad de demostrarlo y el que sea culpable, que pague», argumentó Ana Rosa Migoya en su primera comparecencia pública tras conocerse la detención de Riopedre y de Marta Renedo, funcionaria de confianza de la Consejera que fue destituida tras conocerse en febrero que había adjudicado contratos a una empresa de su propiedad. Migoya se negó a poner «la mano en el fuego» por Riopedre y no empleó en ningún momento el argumento de la presunción de inocencia. Tampoco lo había hecho el propio Areces al ser preguntado por LA NUEVA ESPAÑA en un acto unos minutos antes, alegando que sería Migoya quien diese la opinión del Gobierno.

A pesar de estos roces, Migoya volvió ayer a salir a la palestra para ejercer como mensajera de Areces. «Lo que yo digo es la opinión del Gobierno y también del Presidente», dijo por dos veces durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Precisamente, según algunas fuentes, Areces mostró estar «noqueado» y «muy incómodo» durante la tradicional cita en la mañana de los miércoles con sus consejeros.