El hilo telefónico

José Luis Iglesias Riopedre / Nacho Orejas

La titular del Juzgado de instrucción número 4 de Gijón, Ana López Pandiella, lleva más de un año tirando del hilo. Sólo así se explica que la investigación que arrancó sobre la funcionaria Marta Renedo haya acabado con el ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, en la prisión de Villabona. El nexo, qué conexión puede haber entre la funcionaria de Administraciones Públicas y el ex consejero de Educación, supone una de las principales incógnitas puertas afuera del secreto de sumario. Más aún después de que la portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, asegurase ayer que entre la funcionaria de su departamento y el ex miembro del Gobierno no había ninguna vinculación de índole administrativo: «Renedo no tenía capacidad para aprobar contratos con la Consejería de Educación», afirmó. Sin embargo, todo apunta a que las escuchas telefónicas practicadas durante la investigación han sido decisivas para establecer la conexión entre los, por ahora, principales protagonistas del caso.

La investigación arrancó hace poco más de un año de una forma prácticamente fortuita, gracias a una inspección de Hacienda. Una mujer recibió por esas fechas un aviso de la Agencia Tributaria, que le pedía explicaciones acerca de una cuenta bancaria a su nombre, abierta en una sucursal de Bankinter, en Gijón, con un depósito de más de 100.000 euros, tal y como ya avanzó LA NUEVA ESPAÑA el 6 de marzo del pasado año. La cantidad había sido ingresada por el Principado. La sorpresa de la contribuyente fue mayúscula. No tenía conocimiento de la existencia de ese dinero ni de esa cuenta bancaria. Tras realizar una serie de indagaciones y comprobaciones, a la mujer no le quedó más remedio que presentar una denuncia porque, además, de esa cuenta se había sacado dinero mediante tarjeta.

La Policía puso en marcha la investigación, cuyas diligencias recayeron en el Juzgado de instrucción número 4 de Gijón. Y tirando del hilo llega hasta la funcionaria Marta Renedo Avilés. La jefa de Procesos Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas tenía acceso, por el puesto que ocupaba, a los datos personales y bancarios de los acreedores del Principado, esto es, de las personas a las que la Administración regional tuviera que realizar algún pago. Según fuentes cercanas al caso, las pesquisas permitieron establecer que Marta Renedo había abierto la cuenta bancaria descubierta por Hacienda con los datos de una ciudadana que, tiempo atrás, había solicitado una subvención al Principado.

En la segunda quincena de febrero de 2010, hace prácticamente un año, el director general de Telecomunicaciones, Alberto Pérez Cueto, descubre que su firma está falsificada en varios contratos tramitados por Marta Renedo, y lo pone en conocimiento de su superior, Ana Rosa Migoya, que decide suspender de empleo y sueldo a la alta funcionaria y poner los hechos en conocimiento de la fiscalía asturiana el 18 de febrero. «En ese momento desconocíamos que había una investigación relacionada con la funcionaria en un Juzgado», aseguró a este periódico la portavoz del Gobierno regional. El Principado se enteró de esa situación por el fiscal jefe, Gerardo Herrero, quien anunció a Migoya que su departamento debía inhibirse y trasladar toda la documentación al Juzgado de Gijón que instruía la causa.

Según fuentes de la investigación, a partir de ese momento se empezaron a tener más certezas del «modus operandi» de la jefa de Procesos Administrativos. Había tres métodos. Por un lado, adjudicaba a empresas creadas por ella misma (una de ellas Implans Mounts) contratos de obra y servicios. Por el otro certificaba de forma fraudulenta los pagos a las cuentas que había abierto con la identidad de acreedores de la Administración regional. Pagos a los que daba «luz verde» la firma falsificada de Alberto Pérez, un modo de proceder que repitió durante meses, antes de ser detectado por el director general de Telecomunicaciones. Un tercer método sería el de cobrar comisiones por las obras que contribuía a adjudicar.

La funcionaria, tras ser suspendida de empleo y sueldo por el Principado, no fue llamada a declarar por el Juzgado de instrucción número 4 de Gijón, para extrañeza, incluso, de sus propios familiares y allegados. Y la jueza mantuvo pacientemente el secreto de las actuaciones. El Tribunal Superior de Justicia repitió, trimestre tras trimestre, el mismo pretexto cada vez que se preguntaba por la dilación del secreto en la instrucción. «El Juzgado tiene que analizar un gran volumen de documentación», respondía el portavoz judicial. La instructora daba carrete al hilo. El paso de los meses, sin noticias adversas, incluso animó a Marta Renedo a recurrir ante los tribunales de justicia su suspensión de empleo y sueldo. El Principado ganó ese pleito porque la decisión estaba amparada «en la gravedad de los hechos», si bien el Gobierno regional no dio publicidad a esa sentencia hasta que trascendió la detención de Riopedre.

Pronto estaba a aparecer el nexo entre sus manejos y la Consejería de Educación. El relajo debió notarse en sus conversaciones telefónicas intervenidas porque fuentes cercanas al caso sostienen que una de esas llamadas de móvil permitió vincular a la funcionaria con la empresa Igrafo que, a su vez, supuestamente habría llevado hasta el ex consejero de Educación, Iglesias Riopedre, retirado de la política junto a su «número dos», María Jesús Otero, desde agosto del pasado año.

«No tenemos ni idea de cuál es la conexión entre Marta Renedo y el ex consejero, orgánicamente no tenían ninguna vinculación», reconocía abiertamente ayer un miembro del Consejo de Gobierno. Ahora el hilo empieza a enhebrarse con las declaraciones de los acusados.